La hipótesis es simple: Quien organizó y ejecutó los ataques a los autobuses donde iban, tanto estudiantes de Ayotzinapa, como jugadores del equipo de fútbol, Los Avispones de Chilpancingo, y que dejaron, en ese momento, la muerte de 6 personas, 24 heridos y 43 desaparecidos, fue el Ejército Mexicano.

Posteriormente, el gobierno de Enrique Peña Nieto construyó una mentira histórica para proteger al Ejército, a cualquier precio, incluso el político.

No existen los Rojos, fue una invención para tener un antagonista disparador del motivo. Los Guerreros Unidos es un minúsculo grupo delictivo. El regidor de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, sin ser dulces ovejitas, tampoco se les ha comprobado tener negocios con el crimen organizado; pero el gobierno aprovechó su rompimiento tanto con los poderosos caciques de la región, la familia Figueroa, como con su partido político de oportunistas, el PRD, para señalarlo como quien ordenó los ataques y la desaparición forzada de los estudiantes.

La policía municipal de Iguala no posee los medios materiales ni la capacitación para orquestar y llevar a cabo, de manera autónoma, ataques de la magnitud desplegada. Sí, hay casquillos percutidos por armas de la policía municipal, pero hay más casquillos de armas a las que sólo tienen acceso la Policía Federal y el Ejército.

Muchos de los policías municipales arrestados fueron torturados por el Ejército y la Policía Federal para que firmaran declaraciones prefabricadas. Pero peor trato dieron a quienes identificaron como supuestos miembros de los Guerreros Unidos, encargados de incinerar a los estudiantes desaparecidos: albañiles, pastores, gente humilde. Cada uno tiene una coartada sostenible para esa noche de 26 de septiembre. Pero sin educación ni medios de defensa, se volvieron los chivos expiatorios de manual. Todos ellos fueron sacados de sus casas por la Marina, torturados, llevados a la ciudad de México en helicóptero, amenazados con arrojarlos al vacío; ya en la capital, volvieron a ser torturados (violación, electrocución en los genitales, asfixia, rompimiento de tímpanos, etcétera) y hasta sobornados por Zerón de Lucio y por Murillo Karam para que se auto-inculparan.

El Ejército, en todo momento, controló el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, el C-4, donde llegan las imágenes de todas las cámaras instaladas en la ciudad de Iguala. Por tanto, el Ejército tuvo conocimiento, desde el primer instante, de la presencia de los alumnos de Ayotzinapa en la ciudad. Como ellos mismos lo declararon con la presencia de efectivos de inteligencia militar en motocicleta. Fue el Ejército quien entregó los vídeos, ya manipulados, a la PGR durante la investigación.

Testigos presenciales señalan que tanto policía municipal, estatal, federal y civiles encapuchados participaron en la agresión armada. Se usó gas lacrimógeno para forzar la salida de los estudiantes en uno de los buses, y la policía municipal no tienen equipo antidisturbios; se usaron patrullas con torreta, que ni la policía estatal tiene; y finalmente, destrozada desde todos los frentes, la tontería de la hoguera de Cocula, donde supuestamente fueron reducidas a cenizas los cuerpos de los 43 estudiantes, ya no explica nada.

Cuando Arely Gómez reemplazó a Murillo Karam en la Procuraduría General de la República (PGR) pidió una auditoría completa a la investigación. Meses después se presentaron sus conclusiones. La investigación liderada por Tomás Zerón y Murillo Karam, es inválida y punible en cualquier tribunal internacional, por el uso sistemático de la tortura y por el inexistente control en la recolección de evidencias. Esta auditoría, además del segundo reporte del GIEI, fue la que llevó la remoción de Tomás Zerón de la PGR. Sin embargo, esta auditoría no fue aceptada, mucho menos firmada por Enrique Peña Nieto, ya que admitirla, implicaría invalidar la verdad histórica, inventada por su gobierno, para ocultar la realidad de lo ocurrido. En lugar de ello, el Visitador encargado de la auditoría, fue también removido.

Las preguntas abiertas son ¿por qué realizó los ataques el Ejército y luego las desapariciones?

Lo que explora Anabel es la narrativa de que los buses Estrella de Oro, que ya había sido secuestrados los días anteriores por los normalistas, llevaban escondida heroína valuada en dos millones de dólares. El capo en control de la región pidió al grupo del Ejército bajo su nómina, que organizara la recuperación de la mercancía.

Si se mata por veinte mil dólares, ¿por dos millones? Es una manera de operar. La recuperación de la mercancía era un tema de dinero y un tema de autoridad, si se permitía ese robo después habría más.

El capo es heredero de los negocios de los Beltrán Leyva. Antes era un socio de perfil bajo, pero ahora ha tomado el rol principal aunque sigue manteniendo su poca visibilidad.

El GIEI creía que el objetivo de los ataques era el bus Estrella Roja, y que éste era el traía oculta la droga. No obstante, los estudiantes desaparecidos, fueron quienes iban en los buses Estrella de Oro. Además, el bus en el que viajaban los jugadores de Los Avispones, se parece mucho a un Estrella de Oro. Parece entonces que el objetivo eran los Estrella de Oro.

Si el objetivo era únicamente la recuperación de la mercancía ¿por qué desaparecerlos?

La única respuesta que resuena en el silencio es: vieron al Ejército extraer la droga oculta en los buses. Y no puede haber testigos de tal infame hecho.

Fue el Estado.

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17. Espejo retrovisor. Juan Villoro. (10/22/2016 - 12/04/2016)
18. La verdadera noche de Iguala. La historia que el gobierno quiso ocultar. Anabel Hernández. (12/07/2016 - 12/12/2016)